El diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y secretario general de la Alianza por la Democracia, doctor Carlos Sánchez, afirma que lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas no es más que la expresión de la lucha entre sectores que por un lado representan el pasado y promueven la impunidad y por el otro, aquellos que están interesados en impulsar el cambio para fortalecer las instituciones que velan por el control y la transparencia del gasto público.
«El acuerdo entre el PLD y la Fuerza de Pueblo es un pacto por la impunidad «, expresó Sánchez, para continuar diciendo «la lucha que se manifiesta ahora en la Cámara de Diputados después de que la comisión encargada de investigar la situación de la Cámara de Cuentas emitió su veredicto, no es más que la lucha de un grupo que quiere mantener la situación de inoperancia, el dejar hacer , el dejar pasar, y aquellos que queremos lo nuevo», manifestó el también médico.
Sánchez entiende que esa lucha se expresa en todos los estamentos de la sociedad, sobre todo en las instituciones que como las altas cortes representan parte de los poderes del Estado.
El ambientalista dijo que es necesario superar la forma en la que se escogen los miembros de la Cámara de Cuentas evitando la repartición de puestos, para que no se siga repitiendo lo que vemos hoy, donde la composición del pleno de la actual Cámara de Cuentas evidencia que el PLD y la FP tienen tres de sus representantes.
» El PLD y la FP no quieren el juicio político porque les interesa que todo siga igual, evitando así perder la mayoría en la Cámara de Cuentas», apuntó.
Se debate ampliamente la decisión de la comisión que investigó las acusaciones que pesan en contra de la Cámara de Cuentas, la cual comprobó que hay faltas graves para motivar ante el Senado de la República el inicio del juicio político.
La Constitución de la República atribuye a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara de Diputados declare que hay lugar para la acusación.
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